Tras una extensa audiencia que se prolongó por más de ocho horas, el juzgado Duodécimo Penal, bajo la dirección de la jueza Karen Chinchilla, resolvió ligar a proceso penal a los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala. La imputación se centra en el delito de fraude relacionado con la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), durante las elecciones de 2023.
La resolución judicial también dictaminó falta de mérito en el caso del delito de abuso de autoridad, imputado específicamente a la magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana, quien había firmado el contrato de adquisición del mencionado sistema.
Los magistrados implicados en el proceso son Mynor Custodio Franco Flores, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y la mencionada Palencia Orellana.
A pesar de la petición del Ministerio Público (MP) de dictar prisión preventiva argumentando peligro de fuga u obstaculización de la verdad, la jueza determinó otorgar medidas sustitutivas a los acusados.
En este sentido, se estableció que los magistrados deberán comprometerse a presentarse a todas las audiencias fijadas por el juzgado y a aquellas requeridas por el MP. Además, se les impuso arresto domiciliario, con la condición de que puedan permanecer en su domicilio o residencia, pero con libertad para desplazarse dentro del territorio nacional para cumplir con sus actividades cotidianas. Los acusados manifestaron su compromiso de respetar estas condiciones ante la jueza.