La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó otorgar amparo provisional al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el viernes 21 de julio había presentado la acción con el fin de garantizar la segunda vuelta de las elecciones generales, que están programadas para el próximo 20 de agosto.
En su resolución, el máximo Tribunal dijo que la denegatoria obedece a que ya emitió una decisión, el pasado 13 de julio, “en la que se pronunció respecto de que la máxima autoridad electoral debe proceder conforme lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023”, este dice que el balotaje deberá disputarse entre Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla.
No obstante a la denegatoria, en su resolución la CC remarcó en que el acuerdo del TSE “no puede ser afectado por lo decidido por un órgano jurisdiccional de naturaleza ordinaria” y que “de esa cuenta, esta Corte estima que en el presente caso debe aludirse a tal pronunciamiento”.
Amparo
El TSE presentó el viernes el amparo en el cual denunciaba a Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación; Henry Reyes, ministro de la Defensa Nacional; Silvia Patricia Valdés, presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); María Consuelo Porras, fiscal general; Wuelmer Gómez, procurador general de la Nación; Edwin Manfredo Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil, y Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas.
El TSE justificaba el amparo por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
También pedía que los denunciados se abstuvieran de “emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023” —en el que declara la validez de la elección de presidente y vicepresidente de la República, realizada el 25 de junio pasado—.
El TSE señalaba que los derechos que se consideran amenazados puesto que es deber del Estado garantizarlos son: la libertad, justicia, seguridad, certeza jurídica y paz. También el derecho de elegir y ser electo y el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
También, el principio de legalidad y sujeción al imperio de la ley de la función pública y el régimen político-electoral del Estado de Guatemala. Todo ello establecido en la Constitución Política de la República
Info: PL