Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático, que se manifiesta en el aumento de la temperatura, los cambios en los patrones de lluvia, el aumento del nivel del mar y la intensificación de los eventos extremos como sequías, inundaciones, huracanes y heladas1.
Estos fenómenos afectan la seguridad alimentaria, la salud, la infraestructura, la biodiversidad y los medios de vida de millones de personas, especialmente de las más pobres y marginadas, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia2.
Según UNICEF, el cambio climático tiene efectos adversos y potencialmente catastróficos entre la población infantil y adolescente de Guatemala, que representa el 48% del total. Estos efectos incluyen el aumento de la desnutrición, las enfermedades respiratorias e infecciosas, el estrés psicosocial, la migración forzada y la violencia2.
Ante este escenario, Guatemala ha asumido el compromiso de contribuir a la mitigación y la adaptación al cambio climático, en el marco del Acuerdo de París. En noviembre de 2020, presentó su plan de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, que busca reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22.6% para 2030 y en un 83.9% para 20503.
El plan se basa en cuatro ejes estratégicos: transición energética, gestión sostenible de los recursos naturales, desarrollo urbano resiliente y movilidad sostenible. Además, contempla medidas de adaptación basadas en la gestión integral del riesgo, la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales, y la inclusión social y la equidad3.
El cambio climático en Guatemala es un desafío que requiere acciones urgentes y coordinadas entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional. Solo así se podrá garantizar el derecho al desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones.
Foto: blogs.iadb.org