En 12 años (2010-2022) se registraron 106 mil 775 casos por el delito de extorsión en el Ministerio Público (MP), del total de los casos el 20%, equivalente a 21 mil 605. seguían activos y el 89% (85 mil170)) se encontraban en archivados, desestimados o llegaron a sentencia.
Los datos corresponden al estudio presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers.
Walter Menchú, experto en Seguridad Ciudadana del CIEN, explicó los hallazgos del Estudio de Extorsiones de 2010-2021 revelaron que durante ese periodo se presentaron 106 mil 775 casos por el delito de extorsión.
Un 20% del total de los casos se encontraban activos (21 mil 605). “De estos, el 89% se encontraban en la etapa de investigación”, indicó el experto en Seguridad Ciudadana del CIEN.
Agregó que el 80% de los casos recibidos en ese tiempo (12 años), equivalente a 85 mil 170, concluyeron en el archivo (68%), desestimados (24%) y solo el 6% recibieron sentencia.
“De los casos con sentencia, 88% fueron sentencias condenatorias, involucrando a 7,896 personas”, añadió el experto.
Datos. Solo en 2023 se registraron 18,096 denuncias por extorsión, lo cual representa 3,371 denuncias más que durante 2022. La tasa de denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes aumentó 18 puntos, de 84.8 a 102.8.
Ocho departamentos registraron una tasa mayor a 100 extorsiones por cada 100 mil habitantes. Guatemala (258.3); Sacatepéquez (214.2); y, Escuintla (174.2) registraron las tasas más altas.
Mientras en Huehuetenango, Petén y Zacapa registraron menos de 50 denuncias cada departamento y en 52 municipios a nivel nacional no se reportaron denuncias por el delito de extorsión.
“7 mil 896 personas recibieron sentencia en casos de extorsión. 88% fueron sentencias condenatorias”, reveló el estudio.
Voces. Corinne Dedik, experta del CIEN, comentó que el delito de extorsión evolucionó, de ser un delito mayormente cometido por pandillas en sus territorios, a ser un delito donde el 80% de las extorsiones son por “Los Imitadores” de pandillas y 90% de éstas se hacen desde un centro carcelario”.
Explicó que para atacar a estos grupos una de las medidas de las instituciones ha sido especializarse en el combatir el delito. Citó como ejemplo a la Policía Nacional Civil con la creación de la División (DIPANDA) en 2011, en la actualidad cuenta con 17 sedes e investigadores especializados.
Mientras el MP instauró la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones en 2015, actualmente cuenta con 11 sedes. Dedik advirtió que “el descontrol carcelario es el principal problema para contrarrestar las extorsiones, ya que casi no es posible individualizar al extorsionista que llama desde una cárcel y relacionarlo con el aparato telefónico.
“Es clave implementar campañas de información para evitar que las personas se vuelvan víctimas o co-autores de una extorsión prestando sus cuentas bancarias; mejorar el control de los centros de privación de libertad en el inmediato plazo, con estrategias de reclusión especiales para pandilleros e imitadores de pandilleros”, concluyó la investigadora.